Alapar México

Las consecuencias públicas del divorcio son significativas. Como muestran los resultados, la ruptura matrimonial reduce el bienestar general de nuestros hijos, fuerza al límite el sistema judicial, debilita la sociedad civil e incrementa la intervención estatal en las vidas privadas.
Las cifras son realmente asombrosas. Cada año, en Estados Unidos más de un millón de niños sufren el divorcio de sus padres, y 1,5 millones de niños nacen de madres solteras. Las consecuencias generales de esta ruptura de la familia han  sido catastróficas, como demuestran los muchos indicadores de bienestar social. Por ejemplo, el de la pobreza infantil. Una encuesta reciente de Brookings indica que la pobreza infantil en Estados Unidos, desde los años setenta, se debe, casi totalmente, a un descenso en el porcentaje de niños educados en familias casadas, principalmente porque los hijos de hogares monoparentales tienen menos probabilidades de recibir apoyo material por parte del padre.
O el bienestar de los adolescentes. Un sociólogo de la universidad de Penn State, Paul Amato, estimó cómo iban a vivir los adolescentes si nuestra sociedad tuviese el mismo porcentaje de familias compuestas por los dos progenitores biológicos que en el año 1960. Este estudio determina que entre los adolescentes de esta nación habría 1,2 millones menos de suspensos, 1 millón menos de actos de delincuencia o violencia, 746.587 repetidores de curso menos, y 71.413 suicidios menos. Se pueden hacer estimaciones parecidas sobre el efecto de la ruptura familiar en el número de embarazos en adolescentes, casos de depresión y de abandono de los estudios en el colegio. La conclusión es que: los niños pagan un precio muy alto por los adultos que no saben salvar sus matrimonios.
La seguridad pública y nuestro sistema judicial también se ven afectados por los fracasos matrimoniales. Aunque el número de delitos ha descendido en los últimos años, el porcentaje de la población que está en la cárcel ha continuado creciendo: del 0,9% de la población en 1980 al 2,4% en 2003, lo que supone más de 2 millones de hombres y mujeres65. Los gastos públicos en el sistema penal (policía, tribunales y prisiones) han aumentado más del 350% en los últimos veinte años, de 36.000 millones de dólares norteamericanos en 1982 a 167.000 millones en 200166. Las investigaciones empíricas sobre la familia y el delito sugieren firmemente que la ruptura de matrimonios induce en parte al delito. George Akerlof, premio Nobel de Economía, argumenta que el aumento de delitos en los años setenta y ochenta está relacionado con el declive del matrimonio entre los jóvenes de clase trabajadora y pobre. Robert Sampson, sociólogo de Harvard, a partir de su investigación sobre el delito urbano, concluye que los índices de asesinatos y robos guardan una estrecha relación con la estructura familiar. Dice: «La estructura familiar es uno de los indicadores más fuertes, si no el más fuerte, de variaciones en la violencia urbana de las ciudades de Estados Unidos»68. Esta estrecha conexión empírica entre la ruptura de las familias y el delito sugiere que el aumento del gasto en la lucha contra el crimen, las cárceles y el sistema penal en Estados Unidos durante los últimos cuarenta años ha sido consecuencia directa o indirecta de las rupturas matrimoniales.
El gasto público en servicios sociales también ha aumentado dramáticamente desde los años setenta, en gran parte por el aumento de los divorcios y de niños que no tienen dos padres declarados. Los cálculos del coste para los contribuyentes de una ruptura familiar varían, pero es evidente que ascienden a muchos miles de millones de dólares. Un estudio de Brookings descubrió que el fracaso matrimonial estaba asociado al aumento de 229.000 millones de dólares en gastos para la seguridad social de 1970 a 199669. Otro estudio descubrió que los gobiernos locales, estatales y federales dispensan 33.000 millones cada año en gastos directos o indirectos relacionados con el divorcio: desde el coste de los juzgados de familia hasta la aplicación de los programas TANF y Medicaid. El aumento del número de divorcios también significa que los jueces de familia y los organismos de aplicación de la manutención de menores se inmiscuyan mucho en la vida de los adultos y de los niños afectados por el divorcio, estipulando las condiciones de la custodia, el régimen de visitas y el coste de manutención para más de un millón de adultos y niños cada año. Es evidente
que cuando la familia no sabe regirse, el Gobierno lo rige todo. El vínculo entre la intervención del Estado y la salud del matrimonio como institución se hace más patente si observamos las tendencias fuera de los Estados Unidos. Los países con elevados índices de hijos ilegítimos y divorcio, como Suecia y Dinamarca, invierten más dinero en bienestar social, como porcentaje de su PIB, que países con unos índices relativamente bajos de hijos ilegítimos y divorcio, como España y Japón. Aunque no ha habido una investigación comparativa definitiva sobre los gastos del Estado y la estructura de la familia, y pueden confundir este vínculo otros factores, como la religión y la cultura política, se insinúa una correlación entre los dos. Por supuesto, también sospechamos que la importancia de la intervención estatal y la ruptura de la familia están relacionados, y cuanto mayor es uno, mayor es el otro, y viceversa. Por ejemplo, estudios anteriores realizados en los países escandinavos por los sociólogos David Popenoe y Alan Wolfe parecen indicar que el aumento en los gastos estatales se asocia a una disminución en la fuerza de matrimonio y la familia. 
Con todo esto, la ruptura del matrimonio parece suponer la existencia de un Estado más caro y más intervencionista; la ruptura de la familia conlleva el aumento de la miseria en las comunidades desfavorecidas,
lo que parece provocar una mayor intervención por parte del Gobierno. Es un círculo vicioso que sólo puede acabar con la recuperación del matrimonio.

Fuente:
Matrimonio y bien común: Los diez principios de Princeton. SOCIAL TRENDS INSTITUTE. Barcelona – Enero de 2007.